Sentencia A. 1326/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1326/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos que se originen en el contrato de trabajo

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1326 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-6841

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 030 Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, y el Juzgado 019 Laboral del Circuito de Bogotá

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.      ANTECEDENTES

 

1. La causa judicial. Daniel Steven Orozco Gómez (en adelante, el demandante), a través de apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria laboral en contra del Fondo Nacional del Ahorro (en adelante, FNA) y de S&A Servicios y Asesorías S.A.S[1]. El demandante indicó que prestó sus servicios al FNA a través de contratos fictos de la empresa de servicios temporales denominada S&A Servicios y Asesorías S.A.S., desde el 27 de noviembre de 2017 hasta el 11 de noviembre de 2019, ejerciendo funciones propias del objeto social de manera personal, continua e interrumpida[2].

 

2. Como pretensiones, el señor Orozco Gómez solicitó que se declare (i) que entre el demandante y el FNA “existió contrato de trabajo, sin solución de continuidad, desde el día 27 de noviembre de 2017 hasta el día 11 de noviembre de 2019”; (ii) “a [S&A Servicios y Asesorías S.A.S.] como simple intermediario y solidariamente responsable con el [FNA], por todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo”; (iii) que el FNA y “solidariamente a [S&A Servicios y Asesorías S.A.S.], dio por terminado de manera unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo el día 11 [de noviembre] de 2019” y, finalmente, (iv) “que [el demandante] es beneficiario de las convenciones colectivas, suscritas entre [el FNA y Sindefonahorro]”. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a las demandadas a realizar el pago de las correspondientes acreencias laborales dejadas de percibir con los respectivos intereses y costas del proceso, así como de la indemnización por despido sin justa causa[3].

 

3. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria laboral. El proceso correspondió al Juzgado 019 Laboral del Circuito de Bogotá. Mediante providencia del 19 de octubre de 2023, esta autoridad judicial (i) declaró su falta de competencia para conocer de la demanda y (ii) remitió el proceso a la oficina de reparto, para que fuera enviada a los Juzgados Administrativos de Bogotá^[4]. Argumentó que mediante Auto 1098 de 2021 la Corte Constitucional indicó que “la [j]urisdicción de lo [c]ontencioso [a]dministrativo es la competente para conocer las controversias originadas para reclamar la declaratoria de un vínculo laboral oculto bajo la figura de un contrato de prestación de servicios celebrado con el Estado, porque es la jurisdicción que el ordenamiento jurídico ha habilitado para controlar y revisar los contratos estatales y determinar la calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une al contratista con la administración”.

 

4. El juez explicó que, en este caso, el demandante pretende “la declaratoria de un contrato realidad con la[s] demandada[s], al respecto, la referida Corporación determinó que cuando se discute la existencia […] de un vínculo laboral y el consecuente pago de acreencias laborales, es necesario determinar [la naturaleza del contrato que suscribió y si es de tipo laboral], labor que sólo puede adelantar el juez de lo contencioso administrativo, quien además es el llamado a determinar si la labor contratada podía o no cumplirse con personal de planta, o si requería de conocimientos especializados”. Concluyó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), la competencia del asunto gravita sobre la jurisdicción contencioso administrativa[5].

 

5. Actuaciones y postura de la jurisdicción contencioso administrativa. El proceso fue asignado al Juzgado 030 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda. Mediante providencia del 13 de febrero de 2025, el juez revocó la decisión contenida en el Auto del 24 de enero de 2025[6]. En su lugar, (i) propuso conflicto entre jurisdicciones y (ii) dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional^[7]. Afirmó que, la “Corte Constitucional mediante autos 1439 de 2023 y 1264 de 2024 indica que cuando el demandante pretende que se declare entre él y el FNA existió una relación laboral, a pesar de que fue contratado por una empresa temporal, y dado que el FNA es una empresa industrial y comercial del Estado cuya regla general de vinculación es la de trabajadores oficiales, la jurisdicción competente es la ordinaria laboral”[8].

 

6. Actuaciones en la Corte Constitucional. El proceso fue enviado a esta corporación el 26 de junio de 2025[9]. Posteriormente, el 23 de julio de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora, de acuerdo con el reparto efectuado el 22 de julio del mismo año[10].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

7. La Corte Constitucional está facultada para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

8. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 030 Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, y el Juzgado 019 Laboral del Circuito de Bogotá, la cual versa sobre la competencia para conocer de la demanda ordinaria laboral presentada en contra del FNA y S&A Servicios y Asesorías S.A.S., con el fin de obtener el reconocimiento de la relación laboral entre el demandante y el FNA, y el pago de las acreencias laborales e indemnizaciones que le adeudan. Para ese efecto, en primer lugar, la Sala verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (sección II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales a la entidad usuaria (sección II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (sección II.5 infra).

 

 

3.     Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones

 

9. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[11]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[12].

 

 

10. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:

 

10.1. Satisface el presupuesto subjetivo porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones. Esto es, (i) el Juzgado 019 Laboral del Circuito de Bogotá, que forma parte de la jurisdicción ordinaria, y (ii) el Juzgado 030 Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo^[16].

 

10.2. Satisface el presupuesto objetivo porque las autoridades judiciales rechazaron el conocimiento de la demanda laboral presentada por Daniel Steven Orozco Gómez, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

 

10.3. Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales indicaron los fundamentos jurídicos, constitucionales y legales, con base en los cuales consideran que carecen de competencia para conocer el asunto (párrs. 3, 4 y 5 supra).

 

4.     Competencia para conocer las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales por parte de la entidad usuaria. Reiteración del Auto 1439 de 2023

 

11. En el Auto 1439 de 2023[17], la Corte Constitucional fijó la regla de decisión según la cual “[l]a jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa de servicios temporales, se solicita el reconocimiento de derechos laborales –salariales y prestacionales– a la entidad usuaria, cuando quiera que (i) esta sea una entidad pública cuya regla general de vinculación sea la de trabajadores oficiales y (ii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal parámetro de vinculación”.

 

12. En esa decisión, la Corte explicó que la competencia se determina conforme a los artículos 104 del CPACA y 2 del CPTSS. En consecuencia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado”. Por otra parte, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral conoce de los “conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”, independientemente de que el empleador sea de naturaleza privada o se trate de una entidad pública, como es el caso de los trabajadores oficiales.

 

13. La Corte precisó que cuando no existan elementos suficientes para establecer la naturaleza del vínculo laboral del trabajador debe acudirse a la regla general de vinculación de la entidad pública demandada para determinar la jurisdicción competente. Sobre el FNA, en el mismo Auto, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 432 de 1998[18] y la Sentencia C-691 de 2007, la Sala Plena concluyó que la regla general de vinculación de los trabajadores que no desempeñan cargos de director general, secretario general, subdirectores generales y coordinadores de dependencias regionales en la entidad, es la de trabajadores oficiales.

 

5.     Caso Concreto

 

14. La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la demanda presentada por Daniel Steven Orozco Gómez en contra del FNA y la empresa S&A Servicios y Asesorías S.A.S., con el fin de obtener el reconocimiento de la relación laboral entre el demandante y el FNA, así como el pago de las acreencias laborales e indemnizaciones que se adeudan debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

 

15. De las consideraciones analizadas se puede determinar que, (i) el demandante pretende que se reconozca que, pese a existir un contrato de trabajo entre él y la empresa de servicios temporales S&A Servicios y Asesorías S.A.S., realmente con este se pretendía ocultar un contrato realidad entre él y el FNA. Es decir, que lo que se busca es que se reconozca una vinculación laboral con esta última entidad; (ii) el FNA es una empresa industrial y comercial del Estado que, por lo tanto, tiene como regla general de vinculación la de trabajadores oficiales a través del contrato laboral. Además, el señor Daniel Steven Orozco Gómez se habría desempeñado como trabajador en misión en el cargo de asistencial grado 2[19], razón por la cual, de manera preliminar, su vínculo no sería la de empleado público. De esta manera, la demanda no se enmarca en ninguno de los supuestos de hecho que activan la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y, en consecuencia, debe aplicarse la regla general de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral regulada en el numeral 1º del artículo 2 del CPTSS, en concordancia con el numeral 4 del artículo 105 del CPACA.

 

Regla de decisión. “La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa de servicios temporales, se solicita el reconocimiento de derechos laborales –salariales y prestacionales– a la entidad usuaria, cuando quiera que (i) esta sea una entidad pública cuya regla general de vinculación sea la de trabajadores oficiales y (ii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal parámetro de vinculación”[20].

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 030 Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, y el Juzgado 019 Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 019 Laboral del Circuito de Bogotá es la autoridad competente para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta por Daniel Steven Orozco Gómez.

 

Segundo. REMITIR el expediente CJU-6841 al Juzgado 019 Laboral del Circuito de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 030 Administrativo de Bogotá, Sección Segunda.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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